viernes, 22 de septiembre de 2017

La autonomía y sustantividad propia de los contratos de obra y servicio. Art 15 ET. La versión del Tribunal Supremo.

La autonomía y sustantividad propia de la empresa es la causa temporal que justifica el el contrato por obra o servicio determinado.
Dentro de los contratos temporales el más utilizado es el contrato de obra o servicio determinado. La regulación del mismo viene recogido principalmente en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los trabajadores y artículo 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de noviembre, además de la regulación contenida en los convenios colectivos.

¿QUÉ SIGNIFICA AUTONOMÍA Y SUSTANTIVIDAD PROPIA DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA?
La definición de sustantividad y autonomía de la obra es compleja y deberá analizarse siempre desde un punto de vista de la actividad y duración de la necesidad de mano de obra de carácter temporal. En cualquier caso, podrá justificarse la realización de este contrato en cualquier a de estas situaciones:

STS 26.04.2017, ¿En el supuesto de traslado de la empresa cliente a otra ubicación se produce subrogación de la contrata de limpieza? No,si ya existía otra previa contrata en la nueva ubicación.

El Tribunal Supremo confirma la decisión del TSJ condenando por el despido improcedente a la empresa, al señalar que no se ha producido una subrogación de la nueva contrata de limpieza, de acuerdo con el art. 24.7 del convenio aplicable, la empresa principal debe adjudicar el servicio de limpieza a otra empresa, y en este caso la empresa cliente no ha procedido a una nueva adjudicación, pues la misma se ha realizado por la empresa titular del centro al que se ha trasladado.

jueves, 21 de septiembre de 2017

Los medios de defensa del abogado ante sanciones y correcciones impuestas en juicio. 414 LOPJ + 41 EGAE + 247 y 556 LEC +24CE

Partiendo de la premisa de que tanto el abogado como el juez están obligados a actuar en los juzgados y tribunales con buena fe, lealtad y respeto, lo cierto es que en ocasiones pueden producirse momentos de tensión entre ambos, escenarios éstos que pueden requerir del abogado el empleo de los procesales a su alcance para la defensa de sus derechos profesionales. Por lo tanto, es de vital importancia que éste los conozca y sepa cuándo y cómo utilizarlos.


Con estos antecedentes, es objeto del presente post examinar los diversos medios remedios legales de los que disponemos los abogados, sin entrar en consideración alguna sobre las causas que dan lugar a estas situaciones.
Expuesto lo anterior, pasamos a examinar los siguientes aspectos:

De las llamadas de atención, correcciones y multas al abogado por parte del juez por su actuación en sala. ART 247 LEC

Todo el mundo sabe que el juez impulsa y vela por el desarrollo ordenado del proceso, y la inmensa mayoría de los letrados acepta las reglas del juego, cortesía incluidas, por lo que no suelen imponerse multas o correcciones disciplinarias a los letrados, pese a que si alguien se asoma a la Ley de Enjuiciamiento Civil encontrará un amplio menú de multas como vacuna frente a la mala fe procesal, la obstrucción a su desarrollo o el abuso e incumplimiento de sus deberes por los intervinientes en el proceso (partes, peritos, etc).

Sin embargo, la realidad es rica y nunca falta un abogado que confunde un litigio con una batalla donde vale todo, donde no hay que hacer heridos ni prisioneros y donde hay que agotar todas las vías procesales imaginables aunque conduzcan a un callejón sin salida. Y no olvidemos que no solo soporta estos abusos el juez sino que la parte contraria se ve obligada a padecer dilaciones y contratiempos inútiles.

Viene esto al caso porque la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en una reciente sentencia confirma una multa de 2000 euros impuesta a un abogado por mala fe procesal en un juicio civil, en un asunto que tiene miga.
1. De la sentencia me parece importante recordar tres cosas que todo abogado debe tener presente, aunque lo mejor es que no tenga ocasión de vivirlo:

Que el 247 LEC permite al juez multar, entre 180 y 6000 euros, por violentar la buena fe procesal, concepto jurídico indeterminado que permite dar cobijo a infinidad de conductas.

– Que tales multas coercitivas admiten el llamado “recurso de audiencia” ante el mismo órgano que multó. Frente a ello cabe recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

– Que aquí se agota la vía procesal administrativa ya que, solo cabe el recurso de amparo pues tales acuerdos tienen naturaleza “jurisdiccional” y no gubernativa (¡ojo!).

miércoles, 20 de septiembre de 2017

La acumulación de acción de despido más acción de reclamación de cantidad ¿Está limitada a las cantidades del finiquito? La respuesta es no. Se puede acumular cualquier cantidad.art 35 LRJS

La acumulación de acciones de despido y cantidad en el orden jurisdiccional social. Primeramente, encontramos regulado en el título III del libro primero de la Ley de la Jurisdicción Social (LJS) la acumulación de acciones, procesos y recursos, siendo de especial interés la sección primera, respecto a la acumulación de acciones. Concretamente, acumulación de acción por despido y reclamación de cantidad.
Podemos decir que cuando acumulamos estamos ampliando el objeto del proceso insertando otras peticiones con fundamento fáctico y jurídico diferenciado
Así pues, de conformidad con lo indicado en el artículo 35 LJS, la acumulación de pretensiones, cuando proceda, producirá el efecto de discutirse y resolverse conjuntamente todas las cuestiones planteadas, en consonancia con los principios que rigen el proceso laboral, esto es, el principio de inmediación, oralidad, concentración y celeridad. Se intenta de esta manera, acortar los procesos y evitar resoluciones contradictorias a través de facilitar la acumulación de acciones

lunes, 18 de septiembre de 2017

De la extinción del contrato por voluntad del trabajador. ART 50 ET + LRJS 80-100

Extinción por voluntad del trabajador con causa justa
En determinados supuestos, y derivados de un comportamiento grave y culpable del empresario, el trabajador puede solicitar la extinción de la relación laboral con la empresa, teniendo a su vez derecho a la indemnización señalada para el despido improcedente. Huelga decir que también, en este caso, tendrá derecho a prestación por desempleo.
La determinación de si concurren o no las circunstancias enumeradas por el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores han de ser concretadas en cada caso particular, siendo muy difícil establecer pautas o generalizaciones válidas para diferentes supuestos.

¿Cómo interrogar en el juicio laboral y como hacer las conclusiones al respecto?


Cada juzgado y su magistrado es un mundo particular.....pero existen algunos de ellos que son especialmente minuciosos y sensibles en este aspecto. ¿Cómo interrogar el testigo correctamente en estos casos?

Pues te das cuentas de que has llegado a uno de esos juzgados de los social con un magistrado particular cuando ya de entrada se muestra reacio a la idea de celebrar el juicio. Digamos, que ya sabes en ese momento que no va a ser un día más en la oficina. Recuerdo uno de ellos, en concreto sobre un caso de extinción de contrato, y  sin especificar el juzgado, pero de los que se encuentran en la planta 10 del juzgado de lo social de Madrid, del cual tomé note para estar precavido para otra ocasión. 

El caso era de extinción de contrato más indemnización por daños morales de un trabajador -Portero- de una comunidad de vecinos. Nada más entrar en sala, ya su señoría nos dejó entrever que la papeleta que se venía encima ese día era un papelón, cuando nada más nos advierte que el a su consideración no quiere celebrar el juicio y que lleguemos a un acuerdo, y que no vamos a celebrar juicio hoy. En en este sentido, el cliente al que representaba, la comunidad de propietarios, en Junta ya había aprobado expresamente llegar a un acuerdo máximo de una cantidad (que vendría a ser el 30% de la improcedencia) y que para el caso estaba bastante bien la cantidad, porque realmente pintaba bien para nuestra parte porque la demanda estaba falta de contenido y mal estructurada y no había hechos probados o fácilmente de probar ni con documental, ni con testifical.

domingo, 17 de septiembre de 2017

STS 17.03.2017 ¿Tiene valor probatorio el correo electrónico interceptado por la empresa del trabajador? No. Limite dignidad y proporcionalidad.

El Tribunal Supremo establece que el hallazgo de un correo electrónico empresarial de una trabajadora por parte de la empresa, no tiene valor probatorio, al no haberse respetado en su obtención las medidas necesarias para el respeto de sus derechos fundamentales, como la existencia de reglas de uso de estos medios o el preaviso al trabajador.
 
Supuesto de hecho:
 
  • El día 17 de julio de 2015 se reconoce por sentencia la reducción de jornada de una trabajadora por guarda legal de un hijo de 12 años.
  • El 21 de octubre de 2015 la empresa descubre un correo de la trabajadora con su abogado dentro del correo profesional de la empresa sobre la estrategia procesal en la reducción de jornada, siendo la causa del “hallazgo”, la revisión de “la ingente cantidad de documentación acumulada" por la trabajadora "y motivado en la necesidad de continuar con trabajos no finalizados por la actora al encontrarse ésta de baja por IT".
  • El 11 de noviembre de 2015 la empresa interpone recurso de revisión de la sentencia del Juzgado de lo Social de instancia, al entender que el hallazgo de esta nueva información puede constituir un fraude de ley forzado por maquinaciones fraudulentas entre la trabajadora y su abogado en abuso de derecho de la actora, al considerar que el objetivo  de la reducción era distinto del fin para el que se fundamenta.
  • La trabajadora entiende que se ha producido una vulneración del art 18 de la  CE  por violación del secreto de las comunicaciones y del derecho al secreto profesional, al entender que dicho control del correo empresarial no ha respetado las medidas de proporcionalidad y racionalidad necesarias, como son la existencia de unas reglas de uso previas de estos medios electrónicos, el preaviso al trabajador… que garanticen los derechos fundamentales de los trabajadores.

STS 28.06.2017. ¿Es posible negociar un convenio colectivo con una comisión "ad hoc" en representación de los trabajadores?. Respuesta no, por el Principio de correspondencia.

El Tribunal Supremo declara la obligatoria observancia del principio de correspondencia entre la legitimación y capacidad de los representantes de los trabajadores y el convenio colectivo que se quiere suscribir, considerando que una comisión “ad hoc” no está legitimada para la firma de un convenio colectivo de ámbito empresarial.
 
Supuesto de hecho:
 
  • El 11/10/2015, una empresa sin representación legal de los trabajadores, mediante un documento suscrito por parte de los trabajadores, atribuye la representación a D. Secundino para negociar la firma de un Convenio Colectivo de ámbito empresarial.
  • El 21/10/2015 se presenta ante la Autoridad Laboral autonómica correspondiente, el convenio colectivo suscrito por la empresa y D. Secundino.
  • En la empresa no se han celebrado elecciones para delegados de personal o comité de empresa.
  • El 10/03/2016, la Autoridad Laboral formula demanda de oficio por entender que concurre falta de legitimación de la representación social, al no cumplirse con las exigencias del  artículo 87 del  Estatuto de los Trabajadores.
  • El TSJ de Canarias resuelve anulando el Convenio Colectivo en su totalidad, al no ajustarse a la legalidad vigente, por haber sido negociado por un sujeto no legitimado para ello, no procediendo ni su registro, ni su publicación. Esta decisión es reafirmada por el Tribunal Supremo.

¿Que son las asociaciones empresariales?

Las Asociaciones empresariales se encuentra reguladas en (Const art.7, 22 y 28.1 LOLS disp.derog. L 19/1977 RD 873/1977)

Se reconoce a los empresarios el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses, siempre que en su actuación sigan procedimientos democráticos.  Pueden constituir asimismo federaciones  y confederaciones.

Sin embargo, el asociacionismo empresarial no goza de la cobertura del derecho de libertad sindical (TCo 57/1989; 113/1984; 92/1994; TS 1-6-09, EDJ 134886). El TS admite que puedan integrar una asociación empresarial un grupo de empresas, o entidades vinculadas por intereses financieros, siendo legítimo que asuman por esa vía el derecho a la negociación colectiva (TS 8-11-16, EDJ 219661).

Las asociaciones empresariales pueden actuar como interesados en el procedimiento administrativo (LRJPAC art.31).

El funcionamiento de cada asociación se regula a través de sus estatutos, cuyo contenido mínimo debe referirse a: