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viernes, 5 de mayo de 2017

¿Cómo interrogar atacando la fiabilidad del testimonio del testigo?

La fiabilidad puede entenderse como la confianza o seguridad que proporciona alguien o algo, lo que llevado al testimonio del testigo significa que la evidencia que este proporciona puede ser aceptada como libre de errores. Por lo tanto, la fiabilidad del testimonio es un elemento esencial de todo sistema judicial, pues en la medida que este sea lo más fiable posible, menos errores judiciales se producirán y mayor seguridad y confianza transmitirá dicho sistema a la sociedad.

No obstante, todo testimonio, al depender de un ser humano, puede ser erróneo, no solo de forma voluntaria (cuando el testigo miente) sino de forma involuntaria (errores de percepción),por lo que el abogado al interrogar, y especialmente en la fase de contrainterrogatorio, vendrá obligado a emplear las técnicas oportunas para chequear y someter al debido control la evidencia del testigo, en la búsqueda de errores que permitan eliminar o minimizar la fiabilidad del testimonio.

lunes, 12 de septiembre de 2016

Consejos prácticos sobre como valorar la prueba documental.

La practica del ejercicio de la abogacía requiere cierta experiencia para poder desarrollarla de manera eficaz en sala. Algunos abogados tienen de forma innata mejores capacidades para expresar y desarrollar posiciones y argumentos. Pero sin entrar en el post de hoy a valorar las capacidades de oratoria de cada letrado, hay una serie de habilidades que el abogado debe trabajar muy a fondo y de manera imprescindible, entre ellas, destacaría la habilidad de conocer en profundidad el funcionamiento del proceso. Por eso, hoy tratare de resolver algunas cuestiones prácticas que se os pueden plantear a la hora de valorar la prueba documental y pronunciarnos sobre los documentos

Las excepciones procesales.

¿Qué entendemos por Excepción Procesal? Es un recurso, un medio de defensa, del que podemos valernos en el proceso; tiene su origen en la exceptio romana, como medio para garantizar los derechos del demandado una vez inmerso en el procedimiento judicial.


Esta oposición de la parte demandada, planteada, como veremos seguidamente, en cuanto al fondo y/o a la forma, se enfoca como una forma de resistencia ante la acción ejercitada por el demandante que busca impedir su desarrollo.

En Derecho Civil  nos encontramos, a grosso modo, con dos tipos de EXCEPCIONES:

domingo, 4 de septiembre de 2016

Tasación en costas: ¿Existe relación entre cuantía de la demanda y los honorarios de Letrado? ¿Y con los honorarios del perito?

Son muchas las cuestiones que se le plantean al cliente a la hora de tratar el tema de la imposición de costas. Por ello, dado que el tema, es extenso en sí de explicar por escrito, lo dividiré en varios posts aclarando las diferentes cuestiones de la costas y su tasación en los diferentes ordenes jurisdiccionales.

¿Existe relación entre cuantía de la demanda y los honorarios de Letrado?

Los honorarios que percibe el Letrado por la prestación de servicios que realiza se encuentran dentro del libre mercado, lo que supone que no hay normas que vinculen a la fijación de los mismos con arreglo a una tarifa determinada. 

Sin embargo, cuando nos encontramos en el momento de la tasación de costas lo que se está valorando no es la retribución económica del Letrado, sino la cantidad de la minuta de Abogado que puede ser repercutida al condenado en costas y a estos solos efectos los honorarios deben estar sujetos a las normas orientadoras de honorarios según dispone el artículo 242 punto 5, de la LEC, en este sentido las normas orientadoras de honorarios de Letrado resultan vinculantes para la práctica de la tasación de costas. 

lunes, 28 de marzo de 2016

Los criterios de la prueba judicial respecto a las redes sociales.

Sentencia del Tribunal Supremo. En una novedosa sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado que la prueba obtenida mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea (Tuenti, Twitter, Facebook, Whatsapp, etc…) debe ser abordada con “todas las cautelas”, debido a que “la posibilidad de una manipulación forma parte de la realidad de las cosas”. 

El tribunal ha considerado que “el anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”.

La sentencia afirma que si las conversaciones se ponen en duda, cuando se aportan a la causa archivos impresos, se desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Por ese motivo, ha asegurado que es indispensable realizar una prueba pericial para identificar el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de sus interlocutores y la integridad de sus contenidos.

Salarios de tramitación en despidos colectivos nulos.


Si las sentencias de despido colectivo son susceptibles de ejecución definitiva cuando el despido colectivo haya sido declarado nulo, el pronunciamiento de condena en relación con el abono de los salarios de trámite contenido en la sentencia recurrida ha de ir unido a la correlativa necesidad de consignar dichos salarios para poder recurrir.

Pudiera surgir la duda de si todas las sentencias que declaren la nulidad del despido colectivo serán ejecutables, y por ello necesaria la consignación de los salarios de tramitación para recurrirlas, pues cabría también sostener que sólo serían susceptibles de ejecución, como ocurre en el caso de las sentencias de conflicto colectivo (LRJS art.247) cuando cumplan determinados requisitos, y que establece la necesidad de que la sentencia contenga, en su caso, la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo debe contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.

viernes, 19 de febrero de 2016

El juicio verbal. Materias y procedimiento.


  • ¿Que es? El juicio verbal es el procedimiento más sencillo, y por ende más rápido, en la jurisdicción civil. Con las reformas introducidas por la ley 42/2015, tanto la demanda como la contestación a la misma se realizan por escrito. Además, cuando ninguna de las dos partes así lo solicite, no será necesaria la celebración de la vista.

Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2016 se obliga a todos los profesionales intervinientes en los procesos judiciales a emplear medios electrónicos y telemáticos.

martes, 26 de enero de 2016

Tasas judiciales: Aclaración para clientes.

Todavía años después del "tasazo judicial"sigo viendo clientes que vienen al despacho y desconocen por completo el tema de las tasas judiciales y preguntan atemorizados si el coste de la tasa judicial sobre su proceso le será muy alto, o lo suficiente como para hacerles desistir de la idea de acudir a los tribunales para defender sus pretensiones. 

Por ello, es preciso de vez en cuando escribir artículos recordatorios en el blog para hacer desaparecer ese estado de desinformación que genera ansiedad y desmotiva a los clientes en seguir hacia adelante. Con este artículo acabaremos con el falso mito, en 10 puntos.


miércoles, 11 de noviembre de 2015

La regla de la sana crítica. ¿Qué es?


La regla de la sana crítica es la fórmula que emplea el legislador para la valoración de muchos medios de prueba. En virtud de ella se deja la apreciación según su arbitrio, a los jueces y tribunales, pero sin que pueda ser manifiestamente equivocada, arbitraria, absurda o irracional (V. valoración de la prueba). 

En derecho procesal se designa así el medio de apreciación de las pruebas mas difundido en la doctrina y ordenamientos modernos. Se opone al sistema de las pruebas legales o tasadas y, en cierto modo, es coincidente con el sistema de las libres convicciones. 

Al lado del régimen de las pruebas legales, típico de los antiguos ordenamientos, los países que han tomado para su codificación el modelo de la ley española de 1855, han consagrado un agudo principio en materia de interpretación de la prueba testimonial: el de las reglas de la sana crítica. ¿Pero qué es exactamente la regla de la sana crítica?


La prueba en el procedimiento laboral.

I. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE TRABAJO
- Inmediación, oralidad, concentración y celeridad (LRJS art.74.1).

- Principios dispositivo y de aportación de parte, que juegan también en la iniciativa probatoria, que no puede ser sustituida por el juez, salvo que lo disponga la ley (LEC art.282).

II. OBJETIVO DE LA PRETENSIÓN
- La pretensión procura, a través del proceso, activar tutelas judiciales efectivas.

- Las tutelas, promovidas mediante la pretensión, se relacionan con hechos concretos: hechos constitutivos o relevantes (LEC art.281.2), de manera que, si reclamamos salarios al FOGASA con causa a una conciliación, que no distinguió conceptos, nos corresponde identificar y probar qué conceptos eran salariales (TS 22-1-08).

- Las demandas deben contener todos los hechos conocidos en los que pueda fundarse la pretensión (LRJS art.85.1; LEC art.400; AN 5-12-11, proc. 166/11, Antena 3).

- Los hechos, contenidos en la demanda y en la ratificación de la misma deben ser concordantes con los alegados en la papeleta de conciliación o en la reclamación previa (LRJS art.80.1.c), ya que los hechos no alegados, que constituyan modificación sustancial, no pueden acogerse (TSJ Sevilla 29-4-11).

- Excepción a lo expuesto son los hechos nuevos o de nueva noticia, cuyo conocimiento novedoso debe acreditarse por quien lo alegue (LEC art.286; LRJS art.80.1.c; TSJ Madrid 4-3-11)

martes, 8 de enero de 2013

Las nuevas tasas judiciales.



La aprobación y entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales supone un cambio significativo en el acceso a la justicia para todos los ciudadanos y también para las empresas.

Las tasas se aplicarán en el orden civil, social y contencioso-administrativo, por tanto aquellas reclamaciones como los procedimientos monitorios de reclamación de deudas o los recursos ante Administraciones Públicas (Hacienda, Seguridad Social, ec.) supondrán el pago de las mismas para poder interponer las demandas.

Las tasas que habrá que pagar serán:

martes, 23 de octubre de 2012

Criterios para condenar y quebrar la presunción de inocencia sin pruebas en España.


Para entender lo sencillo que es hacer prosperar una denuncia falsa, es bueno que conozcáis cómo se puede quebrar la presunción de inocencia con el sólo testimonio del denunciante.

Es doctrina del TS que para que el testimonio de un denunciante sea suficiente para quebrar la presunción de inocencia, con una mínima actividad probatoria, es necesario que su testimonio cumpla con los siguientes criterios (ver sentencia del TS):


  • Ausencia de incredibilidad subjetiva, lo que excluye todo móvil de resentimiento, enfrentamiento o venganza (interés espurio)
  • Verosimilitud, que se da cuando las corroboraciones periféricas abonan por la realidad del hecho.
  • Persistencia y firmeza del testimonio. — ¿Qué pasa con la credibilidad?.

domingo, 20 de mayo de 2012

Las deudas del juego. Responsabilidad legal y el papel de los casinos.

EN RELACIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR. DIFERENTES CASOS. GANANCIALES O SEPARACIÓN DE BIENES.
Si el matrimonio está casado en bienes gananciales, el código civil dice que los bienes gananciales no responden de las deudas del juego. Pero muchas veces  si esas deudas se adquieren porque la gente no coge el dinero de su casa para jugar sino que pide préstamos, hipotecas, etc. Esa deuda, aunque sea de juego, frente al banco, frente a terceros, es exactamente lo mismo y el patrimonio familiar va a responder si están casados en bienes gananciales.
Si están en separación de bienes y el cónyuge no jugador ha firmado también esas pólizas de crédito o esos préstamos va a responder también. Si no los ha firmado, no. Irá solamente contra el patrimonio de la persona. 
Si la pareja se separa da igual porque los patrimonios están separados. En los convenios, cuando hay una separación por deudas de juego, lo que a veces se hace es un inventario y que el no jugador se quede, por ejemplo, los bienes, y el jugador se quede las deudas. Aparte se alega que son deudas de juego para que no puedan ir en contra del patrimonio del no jugador.

FALLECIMIENTO DEL LUDOPATA CON DEUDAS. ¿COMO AFECTA A HIJOS O HEREDEROS?
Se puede renunciar o aceptar sólo a beneficio de inventario. La herencia es el activo menos el pasivo, es decir, lo que se tiene menos lo que se debe. La opción que le queda a esos herederos es aceptar a beneficio de inventario, es decir, que se paguen todas las deudas y lo que quede, lo cojan.
¿LA FAMILIA PUEDE CONTROLAR LOS PRÉSTAMOS QUE EL JUGADOR PIDA A TERCEROS?
No puedes controlarlo. Tú has pedido ese dinero y lo tienes que devolver. La familia, en principio, salvo que la enfermedad ya sea detectada e incluso se haga un procedimiento de prodigalidad o de incapacitación, es decir, que esta persona no pudiera administrar su dinero y cualquier cosa que hiciera económicamente se podría decretar nula. Pero, en principio, si esa persona no tiene ningún impedimento para manejar el dinero, no se puede hacer nada.
PROCESO DE INCAPACITACIÓN DEL JUGADOR PATOLÓGICO.
 Se tiene que demostrar al juez que esa persona está malgastando todo el patrimonio, que se lo gasta en juego y que está endeudando a la familia y que, por tanto, carece de capacidad para gestionar el dinero. Y a efectos de proteger a la familia, se solicita una declaración de prodigalidad. Se le declara pródigo y entonces no puede administrar sus bienes. El procedimiento es ir a un juzgado, demostrarle al juez lo que está ocurriendo, llevar a los familiares, llevarle la documentación de todo lo que haya hecho y el juez, si ve que realmente puede poner en peligro el patrimonio familiar, impedirle que maneje el dinero.
EN CASO DE QUE EL LUDOPATA ROBE EN SU TRABAJO. ¿QUÉ SUCEDE?
Robar es un delito. Y robar en el trabajo es un delito más grave todavía porque está el agravante de abuso de confianza, sobre todo, si está robando porque el ludópata tiene la confianza de su jefe: que le haya dejado a cargo de la caja registradora o a cargo de un dinero. El jefe ha depositado una confianza en la persona y si encima le estás robando eso sería una apropiación indebida con el agravante de abuso de confianza. Lo que procede es el despido inmediato del trabajador y la denuncia porque el empresario lo puede despedir, pero si la persona está enferma al próximo para el que trabaje le va a hacer lo mismo. Muchas veces los empresarios son muy buenas personas y lo que hacen es despedirlo, pactan que les devuelvan lo que les han robado y ya está. Pero legalmente lo que han cometido es una apropiación indebida que está penado con cárcel.
¿ROBAR SIENDO LUDOPATA ES UN ATENUANTE?
Es un atenuante. Lo que pasa es que se necesita demostrarlo. Tiene que estar diagnosticada por un médico forense. Pero en ningún momento quita la voluntad. No es un eximente. No va a quitar la responsabilidad simplemente si una persona reconoce que tiene una enfermedad, que se somete a un tratamiento de rehabilitación y esto se lo dice al juez. Es una analógica, es decir, entre el arrepentimiento, el reconocimiento, el que el médico forense certifique que no solamente tiene una ludopatía sino que tiene predisposición a rehabilitarse, el juez lo toma en cuenta para rebajar un poco la pena.
¿PERO ES NECESARIO QUE EL ENFERMO ESTÉ EN PROCESO DE REHABILITACIÓN?
Si el médico forense certifica que la persona tiene una adicción al juego es porque está sometida a un programa de rehabilitación y alguien va a decir que esta persona está en ese tratamiento, presenta unas conductas, unas características, etc. Así es como se puede ver porque eso no se mide. La droga sí que se mide porque el sujeto se hace un análisis. La ludopatía es una serie de conductas. Para que se atenúe la responsabilidad, dado que no hay una eximente específica de ludopatía y sí que la existe por estar bajo los efectos de las sustancias tóxicas, se tiene que ir a la analógica, es decir, a circunstancias parecidas: puede ser el trastorno de querer jugar conjugado con el arrepentimiento y con la reparación del daño. Coger todos esos factores para atenuar la pena.
 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS CASINOS.
La responsabilidad social que defienden las empresas destinadas al juego de azar, va dirigida a generar en la comunidad una cultura sana del juego

A desarrollar una industria del entretenimiento destinadas al sano esparcimiento, a facilitar a los potenciales clientes el aprendizaje en la detección de los riesgos de participar en los juegos de azar sin la debida responsabilidad, a comunicar debidamente a los clientes las verdaderas características del juego en la vida de las personas, y a comunicar a la población que no todas las personas están en riesgo de convertirse en adictos, ya que la ludopatía se presenta en porcentajes muy bajos teniendo en cuenta al conjunto de la sociedad, ya que ésta suele ir asociada a otros trastornos de la personalidad.
La industria del juego, por tanto, se ha comprometido con el juego responsable, en otras palabras, está llevando una gestión responsable del juego, teniendo como objetivo la promoción del juego, pero minimizando el daño entre los consumidores. Todo esto pasaría por diseñar un entorno de juego no adictivo, proteger a los menores y a las personas en riesgo, identificando a los jugadores problemáticos para tratarlos adecuadamente y poder derivarlos a los recursos asistenciales adecuados.
En referencia al entorno de juego no adictivo, LOS OBJETIVOS SERÍAN restringir el número de lugares de juego, fijar límites a las apuestas, establecer una demora en el cobro de los premios para evitar los calentones, controlar el consumo abusivo de alcohol y publicitar el juego responsable y los lugares destinados al tratamiento del juego patológico.
Para PROTEGER A LOS MENORES Y A LAS PERSONAS VULNERABLES, pasaría por verificar la edad y establecer una posibilidad de autoexclusión, evitando una publicidad de forma engañosa o que esté orientada a los jóvenes.
Para la IDENTIFICACIÓN DE LOS JUGADORES PROBLEMÁTICOS, se requiere la formación especializada de los empleados de los lugares de juego o de las casas de apuestas. Asimismo, es fundamental que el personal de los lugares de juego adopte un papel proactivo en la identificación de los jugadores problemáticos en función de la frecuencia de las visitas, gastos de dinero, conductas antisociales, reacciones emocionales negativas, etc., y derivarlos a los recursos asistenciales, y no tener un papel meramente reactivo, que sería cuando reaccionan ante un incidente que ya ha surgido.
ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL JUEGO RESPONSABLE.

Establecer los objetivos del juego responsable en los cibercasinos o en las casas de apuestas online tiene sus dificultades añadidas.


Y es que Internet facilita la exposición al juego a personas que de otra forma no podrían acceder a las apuestas, hace más difícil la protección de los menores, está disponible las 24 horas del día, lo que hace que el ansia de juego se pueda satisfacer inmediatamente, hace que el juego sea una actividad solitaria y anónima, con lo que se produce una satisfacción rápida e instantánea, y como el dinero que se utiliza es virtual, los controles inhibitorios personales se derrumban mucho más fácilmente.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los retos del juego online respecto a la forma responsable del juego serían la verificación de la edad, aunque sea indirectamente restringiendo el método de pago a las tarjetas de crédito, establecer límites de gasto y tiempo jugando, además de ofrecer la posibilidad de autoexclusión y efectuar pausas obligatorias entre apuestas.
Para terminar, el objetivo del juego responsable necesita de unos estudios previos que no se han realizado todavía, ya  que no se puede definir el juego responsable como lo que no es el juego patológico.
A un nivel preventivo, se pueden establecer pautas para fomentar el juego responsable en adolescentes que aún no han entrado en contacto con el juego, sobre todo en el contexto escolar, llevando a cabo programas de educación para la salud.
En un nivel terapéutico, el juego responsable no es un objetivo válido para los ludópatas propiamente dichos, pero sí que puede serlo para los jugadores problema que aún no han  llegado al nivel de la ludopatía y que tienden a aceptar mejor este juego responsable que la abstinencia total.
En cualquier caso, esta labor de concienciación se debe realizar en conjunto por parte de todas las partes implicadas y con la colaboración de todos los entornos donde se mueve el jugador problemático, aunque no deja de ser curioso que esta iniciativa haya surgido en muchos casos por parte de los establecimientos y empresas que se dedican al sector del juego, ya sea en su modalidad online o presencial.

domingo, 22 de abril de 2012

Esquemas procesales penales.

Completo conjunto de esquemas procesales penales españoles de fácil acceso y visualización. Enormemente didácticos. Comprende los procesos penales siguientes:

Apelaciones contra resoluciones del Juez Instructor / Ejecución de sentencias / Juicio inmediato de faltas / Procedimiento penal juicio ordinario / Juicio de faltas / Juicios rápidos / Procedimiento abreviado / Proceso Jurado / Recurso de apelación contra determinadas sentencias y autos / Recurso de casación / Recurso de queja / Súplica / Reforma / Revisión.





lunes, 9 de abril de 2012

Esquemas procesales civiles.

Completo conjunto de esquemas procesales de fácil acceso y visualización, enormemente didácticos. Comprende los procesos civiles: 

División de herencia / Ejecución de obligaciones de hacer y no hacer/ Ejecución dineraria/ Ejecución forzosa/ Ejecución hipotecaria/ Ejecución no dineraria: disposiciones generales /Ejecución provisional/ Internamiento no voluntario por trastorno psíquico (Art 763 LEC)/ Procesos matrimoniales/ Procesos monitorios/  Juicio cambiarios/ Juicio declarativo ordinario/ Juicio declarativo verbal/ Liquidación de daños y perjuicios, frutos, y rentas, rendición de cuentas (art 712 a 720 LEC)/ Liquidación del regimen económico matrimonial/ Medidas provisionales / Procedimiento de filiación, paternidad y maternidad /Recursos extraordinarios/ Recursos ordinarios




sábado, 11 de febrero de 2012

De la ejecución hipotecaria: Liberación de la finca hipotecada por el pago.

Diferencias entre el pago del deudor, del tercer poseedor y del acreedor posterior. Momento final del pago. Rehabilitación forzosa del préstamo cuando la hipoteca recae sobre la vivienda familiar

 

El apartado 7 del Art. 670 de la L.E.C. permite al deudor, 


“en cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación”, “liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas”.


 El deudor responde de la obligación garantizada en toda su extensión. Así el Art 105 de la L.H., 


“La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el Art. 1911 Código Civil”.

 

El tercer  poseedor también podrá liberar la finca mediante el pago pero su responsabilidad está limitada a las cantidades máximas que garantice la hipoteca por principal, intereses o costas aunque el crédito sea superior (Art. 689.1 L.E.C.).

 

El Art. 693 atiende al pago en ejecuciones derivadas del vencimiento anticipado en obligaciones con sucesivos pagos aplazados. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1999 puso en duda la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado, tan habituales en los préstamos hipotecarios. El legislador ha querido dotar este tipo de cláusulas de eficacia siempre que tengan publicidad mediante su acceso al Registro de la Propiedad.


 Existe, no obstante, la única excepción de que la ejecución hipotecaria se siga contra la “vivienda familiar” del deudor


Cuando esto ocurra el deudor goza del privilegio de poder enervar la acción real hipotecaria y de liberar la finca abonando las amortizaciones atrasadas del préstamo pendientes de pago, los intereses y las costas. Esta facultad enervatoria, justificada más por razones humanitarias que técnico jurídicas, tiene los siguientes límites


1º) que la finca hipotecada sea “vivienda familiar”

2º) que sea la vivienda del deudor y 

3º) que el deudor no haya hecho uso en los últimos cinco años  del mismo beneficio (dfi 6 apa 1 num 3 de Ley 41/2007 de 7 diciembre) 

4º) que se trate de un préstamo hipotecario.


El problema radica en justificar la condición de vivienda familiar de la finca hipotecada. No existe dificultad si de la misma escritura de hipoteca se desprende que la finca constituye el domicilio del deudor y que es su vivienda habitual, pero puede ocurrir que no sea así o incluso que la finca hipotecada sea vivienda familiar del deudor con posterioridad a la constitución de la hipoteca. Cuando ello ocurra y el ejecutante niegue que la finca hipotecada sea vivienda familiar hay que entender que es el deudor ejecutado el que tiene la carga de demostrar donde tiene su vivienda familiar, aportando certificado de empadronamiento u otros documentos de terceros en los que aparezca su domicilio


Lo que está claro es que el beneficio que nos ocupa está reservado para el deudor de modo que no podrá oponerlo el tercer poseedor o adquirente de la finca hipotecada que, en lo que se refiere al pago del crédito, tienen la ventaja de enervar la acción atendiendo la responsabilidad o garantía hipotecaria aunque el crédito sea mayor. Tampoco cuando el deudor sea una sociedad mercantil, aunque ésta pueda tener un carácter instrumental.


lunes, 17 de octubre de 2011

De la ejecución hipotecaria: La posesión y el lanzamiento. La ocupación de la finca por terceros.


La posesión y el lanzamiento. La ocupación de la finca por terceros ajenos a la ejecución. Cuestiones procesales y evolución del Tribunal Constitucional desde la sentencia 16/1992. Títulos del ocupante oponibles al adjudicatario. Referencia a los arrendamientos y atribución del uso de la finca en sentencia de separación o divorcio

 

Llegado el momento de entregar la finca hipotecada a quien la adquirió en pública subasta no surge conflicto alguno si el ejecutado u otro ocupante del inmueble, al conocer la orden judicial de lanzamiento, lo abandona voluntariamente dejando paso y vía libre al adjudicatario que se ha convertido en nuevo propietario del inmueble. 


Pero cuando esto no ocurre surge la frontal colisión de derechos entre el adjudicatario y los terceros ocupantes de la finca, no interpelados en la ejecución, que aducen ser titulares de derechos arrendaticios o de otro tipo.

 

Durante la década de los 90 el TC amparó indiscriminadamente este tipo de situaciones. Fue la sentencia 6/1992, de 16 de enero, que estimó un recurso de amparo interpuesto por un arrendatario contra la resolución judicial que acordó entregar la finca al adjudicatario en un procedimiento de ejecución hipotecaria. 


El TC consideró vulnerado el derecho la a tutela judicial efectiva del ocupante de la finca que garantiza el apartado 1 del Art. 24 Constitución pues 


    “el desalojo y lanzamiento de la recurrente de la vivienda que ocupa requiere, pues, como exigencia constitucional, que sea oída y vencida en un procedimiento contradictorio, con igualdad de armas entre las partes y con todas las garantías procesales establecidas en las leyes”


Tal doctrina tuvo continuidad en la sentencia 21/1995, de 24 de enero, pero quebró a raíz de las sentencias 158/1997, de 2 octubre, 174/1997 de 27 de octubre, 223/1997 de 4 de diciembre, 227/1997 de 15 de diciembre, 42/1998 de 24 de febrero y 6/1999 de 8 de febrero. 


La sentencia 158/1997, decidida por el Pleno, establece que 


    lo único que se  requiere es que esos terceros puedan, antes de desalojo  y lanzamiento, exhibir su título ante el juez, el cual, la vista de ello, tomará la decisión que conveniente en orden a proseguir con el lanzamiento”


Por lo tanto, no cabe considerar vulnerado el Art. 24 de la C.E. si el ocupante 


       “al tener conocimiento de la ejecución mediante los obligados requerimientos, tiene la posibilidad de aducir la existencia de derecho que en apariencia pueda subsistir”.

 

Hoy para resolver estas situaciones los Arts. 661 y 675 de la L.E.C. acogen un incidente específico, incidente en el que, tras una vista, el Juez resolverá por auto, contra el que no cabe recurso, sobre si el derecho del ocupante es preferente o subsistente a la hipoteca, derecho que corresponde acreditar al ocupante que lo opone atendiendo a los más elementales criterios sobre carga de la prueba que acoge el Art. 217 de la L.E.C. y siempre en condiciones que no permitan apreciar fraude o simulación puesto que “la subsistencia del derecho personal arrendaticio sobre la finca hipotecada, entra en crisis en supuestos de mala fe y afán fraudulento” (SSTS 31 octubre de 1986, 23 de diciembre de 1988, 17 de noviembre de 1989, 23 de febrero de 1991 y 22 de noviembre de 1994).

 

El problema surge a la hora de determinar qué títulos pueden considerarse subsistentes a la hipoteca. 


En principio deben rechazarse aquellos que derivan de un derecho inscrito con posterioridad a la hipoteca y que se cancelaron por la adjudicación


También hay que excluir los derechos no inscritos en virtud del principio de inoponibilidad de títulos no inscritos en el Registro de la Propiedad que acogen los Arts. 32 de la L.H. y 606 del C.C. 


Los mayores problemas con el ocupante o poseedor de la finca hipotecada surgen cuando se encuentra arrendada a un tercero. El Tribunal Supremo, con fundamento principal en los Arts. 57 y 114 de la L.A.U. de 1964, tradicionalmente venía admitiendo la subsistencia a la adjudicación judicial de la finca de aquellos arrendamientos sujetos a la legislación especial arrendaticia que tuviesen un origen anterior a la hipoteca o que estuviesen inscritos en el Registro. 


La sentencia del T.S. de 19 de febrero de 1968, que tuvo continuación en la de 9 de junio de 1990, defendió la subsistencia de un arrendamiento rústico concertado con posterioridad a la hipoteca. Posteriormente las sentencias de 23 de febrero, 6 de mayo de 1991, 6 de junio de 1992 o 9 de mayo de 1996 declararon sin indecisión alguna la subsistencia de los arrendamientos posteriores a la hipoteca sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Fuera de estos casos se entendía que la venta judicial de la finca conllevaba la automática extinción del derecho personal arrendaticio conforme al criterio venta quita renta o “emptio tollit locatio” que acoge el Código Civil en su Art. 1.571, al disponer que el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta.

 

Con la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos podemos distinguir las siguientes situaciones:

 

1º) Arrendamiento de vivienda que tiene su origen después de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994es decir, a partir del 1 de enero del año 1995


En este caso el Art. 13.1 dispone que, pese a la enajenación forzosa derivada de ejecución hipotecaria o de sentencia judicial, el arrendamiento no inscrito continuará hasta que cumpla cinco años. Si ha transcurrido el plazo de cinco años el arrendamiento se extinguirá.


Según el apartado 3 del Art. 13 también 

     

      “durarán cinco años los arrendamientos de vivienda ajena que el arrendatario haya concertado de buena fé con la persona que aparezca como propietario de la finca en el Registro de la Propiedad, o que parezca serlo en virtud de un estado de cosas cuya creación sea imputable al verdadero propietario”.

 

2º) Arrendamientos para uso distinto del de vivienda que tienen origen después de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994


Este supuesto ha despertado algunas dudas  injustificadas ya que hay quien ha pensado que resulta de aplicación el Art. 29 de la L.A.U. que establece que 

   

     “el adquirente de la finca arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador salvo que concurran en el adquirente los requisitos del art. 34 de la Ley Hipotecaria”


Pero lo cierto es que ese precepto se refiere exclusivamente a los supuestos de enajenación voluntaria de la finca. El título II dedicado a los arrendamientos de vivienda despeja dudas al respecto, diferenciando  los casos de resolución del derecho del arrendador (Art. 13) y de enajenación de la vivienda arrendada (Art. 14). El título III, que trata de los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, no establece consecuencias para los casos de resolución del derecho del arrendador por enajenación forzosa, ni se remite en esta materia al Título II, como ocurre con otras cuestiones. El legislador ha preferido guardar silencio, y ante este silencio,se impone una aplicación supletoria del Código Civil invocada expresamente por el Art. 4.3 de la L.A.U., que impone la extinción del vínculo locativo.

 


3º) Resto de arrendamientos de fincas no sujetos a la legislación especial: 


Entre tales cabe citar los arrendamientos excluidos de la Ley especial a los que alude el Art. 5 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (arrendamientos de plazas de garaje, etc.). En estos casos la venta en publica subasta y la adjudicación de la finca hipotecada extingue “ope legis” estos arrendamientos por estar sujetos al Código Civil y a lo dispuesto en el ya citado Art. 1.571 del Código Civil.


 

4º) Situaciones dudosas: 


Entre tales estaría la atribución judicial en proceso matrimonial del uso de la finca objeto de ejecución. Tal atribución, al margen de su naturaleza jurídica, no es un superprivilegio que altere el título de ocupación del matrimonio o pareja o que purgue de cargas la finca que antes estuviese hipotecada y que obligue al adjudicatario a soportar la ocupación indefinida y gratuita de quien recibió el uso. 


Por ello, el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de abril de 2004 expone que 


     “el derecho de uso de la vivienda familiar regulado en el art. 96 del Código Civil, se caracteriza por su provisionalidad y temporalidad”.


 Por otro lado, la sentencia que atribuya el uso no  vincula al acreedor hipotecario ni al adjudicatario porque, a todos los efectos, están amparados por el principio de fe pública registral (Art. 34 de la L.H.) y porque, según el Art. 222 de la L.E.C., la cosa juzgada material vincula exclusivamente a las partes del proceso o sus herederos y causahabientes. En este sentido el Tribunal Constitucional en su sentencia de 12 de julio de 1989 (nº 126/1989) recuerda que “la presunción de cosa juzgada, con eficacia para terceros (y tercero es aquí la arrendadora), sólo alcanza a las cuestiones relativas al estado civil, es decir, y en el caso, a la situación de divorcio establecida, pero no a la relación contractual de cesión (atribución de la vivienda), de carácter patrimonial”.

 

Personas que convivan con el ejecutado: 


el apartado 1 del Art. 661 de la L.E.C. únicamente están facultados para oponer título de ocupación las personas “distintas del ejecutado”, pero el Art. 704 de la L.E.C. identifica la situación del ejecutado con la de las personas “de quienes de él dependan” o “compartan la utilización de aquél”.

 En estos casos el ocupante, estará privado de utilizar el incidente específico previsto en los apartados 3 y 4 del Art. 675 de la L.E.C. para que se decida sobre su derecho.