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lunes, 22 de abril de 2013

La verdad sobre la privatización de la sanidad. Parte 1.

Nuevamente ayer se produjo una nueva manifestación en la puerta del Sol -Madrid- con motivo de la privatización de gran parte de los servicios sanitarios de la comunidad de Madrid, a la cuál no sólo acudió personal profesional sanitario sino también usuarios del sistema como ya viene siendo habitual. ¿Pero conocemos verdaderamente de que está ocurriendo? ¿Qué se está reclamando?¿En qué afectan los recortes?. Pongámonos en situación:

CONTEXTO SOCIAL. La sanidad, como todos los servicios públicos, es deficitaria por naturaleza. Al ser gratuita, no produce beneficios económicos; y al estar cada vez más tecnificada y desarrollada, es cada vez más cara. Los gobiernos, sin ingresos procedentes de la sanidad, tienen que hacer frente a un gasto sanitario (en métodos diagnósticos, tratamientos, sueldos de profesionales, etc.) cada vez mayor, ya que a su vez la población crece.

Además, la sanidad pública es una fuente de conflictos constantes para esos gobiernos. La ciudadanía protesta por su ineficacia, por las listas de espera… y los profesionales de la sanidad protestan por la escasez de personal, la precariedad de sus condiciones laborales, la masificación de sus servicios, etc.


sábado, 22 de octubre de 2011

El recurso de amparo constitucional.

En la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, llevada a cabo por la LO 6/2007, se han introducido nuevas exigencias que deben tenerse en consideración a la hora de preparar los recursos de amparo.
Protección del Recurso de Amparo:

El recurso de amparo protege frente a las violaciones de los derechos y libertades regulados en la Constitución de 1978, originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los Poderes Públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o sus agentes.

Actos susceptibles de amparo y requisitos.

Actos de amparo
Requisitos
Legitimación
Decisiones o actos sin valor de Ley, emanados por las Cortes o de cualquiera de su órganos o de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de sus órganos.
1. Deben ser firmes, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas.
2. Plazo: 3 meses, desde su firmeza.
1. Personas directamente afectadas.
2. Defensor del Pueblo
3. Ministerio Fiscal
Disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del gobierno o de sus autoridades o funcionarios o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes.
1. Resolución firme.
2. Agotamiento previo de la vía judicial.
3. Plazo: 20 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
1. Quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente.
2. Defensor del Pueblo
3. Ministerio Fiscal.
Actos y omisiones de un órgano judicial
1. Agotamiento de todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.
2. Violación imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial.
3. Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar a ello.
4. Plazo: 30 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
1. Quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente.
2. Defensor del Pueblo.
3. Ministerio Fiscal.

La Legitimación Activa para interponer el recurso de Amparo:

La doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional, es que la legitimación activa se sustenta fundamentalmente "en la posesión de un interés legítimo, categoría más amplia que la del derecho subjetivo y la de interés directo y, por tanto, la legitimación se concede a toda persona cuyo círculo jurídico pueda resultar afectado por la violación de un derecho fundamental aunque la violación no se haya producido directamente en su contra" (STC 58/2000 de 28 de febrero y 53/2008, de 14 de abril)

Pretensiones que pueden hacerse valer

Las dirigidas a restablecer o preservar los derechos y libertades antes mencionados, que pueden concretarse partiendo del contenido que han de tener los pronunciamientos de las sentencias de amparo, que son exclusivamente los establecidos en el artículo 55.1 de la LOTC.:

a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos y libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos.

b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiada, en su caso, para su conservación.

¿Es preciso utilizar Abogado y Procurador?

Las personas físicas y jurídicas, para comparecer en los procesos constitucionales, deben conferir la representación a un Procurador y actuar bajo la dirección de un Abogado, que debe estar incorporado en calidad de ejerciente a cualquiera de los Colegios de Abogados de España.

Lugar de presentación de la demanda

Los escritos que se dirigen al Tribunal Constitucional, aunque no lo dice expresamente la LOTC, deben presentarse en el Registro del Tribunal Constitucional, ubicado en la calle Domenico Scarlatti nº 6

Contenido de la demanda de Amparo

El recurso de amparo se inicia mediante demanda. La Ley Orgánica fija cuál debe ser el contenido de la demanda y que documentación debe acompañarse a la misma.

El TC ha señalado  STC 13/2008, que es en la demanda de amparo donde queda fijado el objeto procesal, definiendo y delimitando la pretensión, pues en ella ha de individualizarse el acto o la disposición cuya nulidad se pretende, con indicación de la razón para pedirla o causa petendi.

jueves, 9 de junio de 2011

El derecho a la integridad personal. ART 15 CE.

EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. ART 15.

El artículo 15 de la CE reconoce:

“Todos tienen derecho a la integridad física y moral”

No cabe duda, de que se trata de un derecho autónomo y específico, y que así debe ser considerado. Lo cual no implica negar su intima conexión con el derecho a la vida y el concepto de persona.

Podríamos definir la integridad personal como el derecho de toda persona a que no se le inflija un trato no permitido por la leyes y la dignidad, en contra de su volunta, y que pueda ir en menoscabo de su cuerpo y espiritu..

Aunque este derecho es frente a todos, adquiere una especial importancia frente a los poderes públicos, frente a las fuerzas de seguridad del Estado, que al poseer el monopolio de la fuerza del estado, son las que pueden cometer actos que se extralimiten.  Estos cuerpos de seguridad están especialmente  sujetos a  4 preceptos de la CE:

  1. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. Art 53.1 CE
  2. Los poderes públicos están sujetos a la Constitución. Art  9.1 CE.
  3. Se prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Art 9.3 CE.
  4. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen como función principal la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Art 104. 1 CE


Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Por lo demás el contenido del artículo 15 de la CE, obliga a distinguir en la integridad personal tres supuestos:

A)    VIOLENCIA FÍSICA.

El derecho a la integridad personal prohíbe, en primer lugar, toda violencia física contra una persona, con independencia del lugar en que se realice. Este derecho prohíbe cualquier clase de tortura física o trato inhumano a fin de conseguir pruebas en la persecución de delitos. Tampoco pueden infligirse torturas y tratos inhumanos a los encarcelados.  Es más, se prohíbe cualquier tipo de violencia física en el contenido de las penas que se puedan imponer por determinados delitos. Queda así abolida en nuestro derecho la pena de trabajos forzados, como subraya el propio artículo 25.2 CE., la pena de castración o esterilización. Por el contrario, nada afectaría a una posible vacuna eventual obligatoria en caso de epidemia, que podría interponerse en aras al interés general.

Este derecho, sin embargo, se ve claramente vulnerado en el ámbito familiar por los numerosos casos de violencia domestica, malos tratos en general infligidos a mujeres y niños.

B)    VIOLENCIA PSÍQUICA.

Desde una segunda perspectiva, moral o anímica, la integridad personal impide también cualquier clase de tortura o de trato inhumano o degradante de carácter eminentemente psíquico.

Un interrogatorio de un detenido que exceda de lo que se considera normal, puede convertirse en una tortura psíquica o en un trato inhumano. Igualmente sería inadmisible el suero de la verdad. Mayor dificultad plantean los casos de cacheos de un detenido., que pueden ser considerados denigratorios para una persona. En este sentido el TC señalo:

1.      Que el derecho a la libertad no se ve afectado por las diligencias policiales o cacheos o identificación.
2.      Que cuando esas diligencia comporten molestias para el afectado, suponen un sometimiento no ilegítimo al que el ciudadano puede verse obligado incluso sin la existencia previa de indicios de infracción contra su persona.
3.      Que tales diligencias deben efectuarse por los funcionarios  legítimamente autorizados y durante el tiempo mínimo imprescindible para cumplir el fin que persiguen.
4.      Una interpretación amplia de tal argumentación, que el TC proyecto sobre el derecho a la libertad personal, podría llevar una utilización indiscriminada de tales practicas por las fuerzas de seguridad, afectando en cambio a este derecho a la integridad moral.

C)    EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA.

Atañe al contenido de este derecho, a posibles experimentaciones de carácter científico con personas que puedan atentar contra su integridad física o moral. Practicas como con presos negros en Alabama, o con los judíos en el III Reich, violan el derecho a la integridad personal.

Por ello, la asociación médica mundial publico en 1964 la Carta de experimentaciones humanas de Helsinki que define los requisitos necesarios para llevar a cabo tal cometido. Su principio fundamental es que no puede realizarse ninguna experimentación sobre el ser humano sin que el sujeto afectado haya dado su consentimiento de manera libre y con conocimiento. Por consiguiente, no plantea ningún problema la donación de órganos, cuando haya autorizado previamente el sujeto afectado o, en caso de su muerte, por los parientes más próximos. Sin embargo, habrá que regular igualmente la donación, por razones económicas, de órganos de personas vivas, práctica que comienza a ser frecuente.

Por lo demás, el amplio campo de la manipulación genética, exigiría también una regulación jurídica desde la perspectiva de este derecho.

lunes, 6 de junio de 2011

El derecho a la propia imágen. ART 18 CE.

EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN.

Este derecho facultad a los ciudadanos de decidir libremente sobre la captación o reproducción de su propia imagen física, al margen de que existan motivaciones de índole económica o no.

Según el TS la define;

La facultad exclusiva del interesado en difundir o publicar su propia imagen, y por ende, su derecho a evitar su reproducción en tanto en cuanto se trata de un derechote la personalidad. La imagen constituye un derecho autónomo respecto de la intimidad y el honor.

En este derecho, desempeña un papel fundamental la actitud del sujeto, distinguiendo el TS entre el consentimiento para posar, y el consentimiento para la exhibición fotográfica.


Este derecho tutela tanto a las personas privadas, como a las personas públicas. Aunque la intensidad de dicha protección sea menor en este último caso. Las personas públicas deben soportar un cierto mayor riesgo de lesión en sus derechos a la personalidad que las privadas.

Por otro lado, este derecho goza frente a los demás derechos a la vida privada, de una especial dimensión económica. “Es susceptible de poseer un contenido patrimonial”. (STC 231/1988). Sin embargo, el derecho no se considera violado en los tres siguientes casos:

1.      Se trata de personas con proyección pública, cuya imagen se capta en un acto público o en un espacio abierto al público.
2.      Si se utilizan caricaturas de acuerdo con el uso social.
3.      Si en la información gráfica sobre un suceso público, la imagen de la persona aparece como accesoría.

Ahora bien, los derechos a la propia imagen y a la intimidad pueden verse limitados por obra de determinandos deberes y relaciones reguladas por el ordenamiento jurídico.

Respecto a la utilización de videocámaras en lugares públicos, tanto fijas como de carácter móvil, quedó finalmente regulada en la LO 4/1997, y desarrollada por el RD 596/1999. Fijando para ello, una serie de requisitos:

1.      La utilización de las videocámaras debe ajustarse al principio de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad e intervención mínima.
2.      La autorización de la instalación, se halla sometida a una comisión presidida, bien por un Magistrado, bien por el presidente del TSJ de la comunidad Autónoma en cuestión, salvo en los casos de extrema urgencia, en las que se autoriza de oficio. La resolución que comunique la autorización ha de ser motivada.
3.      Se deben destruir las grabaciones en el plazo máximo de un mes, salvo que estas, estén relacionadas con infracciones penales o administrativas.
4.      Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en las que razonablemente figuren, estableciéndose un recursos para ello.


La protección específica de los derechos a la vida privada.


Disponen además de las garantías genéricas, de otros cauces de protección: Derecho de rectificación, la protección civil y la tutela penal.

A)    El derecho de rectificación. Consiste en la facultad de toda persona natural o jurídica para solicitar de los medios de comunicación social la rectificación de aquellas informaciones, que afectándoles directamente, se estiman inexactas y cuya divulgación les ocasionan un perjuicio. (STC 168/1986).

B)     La protección civil. Es una protección más intensa que la anterior, y que se artícula por las clásicas acciones civiles. Su finalidad es doble, poner fin a la intromisión ilegitima o prevenir intromisiones posteriores, y por otro, alcanzar la satisfacción económica, si procede por los daños y perjuicios ocasionados. Este es el procedimiento más utilizado, y frente a la vía penal presenta las ventajas de la rapidez en su tramitación, y su naturaleza crematística.

C)    La protección penal. Es la de mayor intensidad. Se artícula en los procedimientos por delitos de injurias y calumnias. La injuría se define como la imputación de un delito hecha con conocimento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. La injuria, como la acción o expresión  que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Resultan especialmente agravados cuando afectan al Jefe de Estado y a otros miembros de su familia.

Próximo a ambas categorías, encontramos los delitos de amenazas, y en la misma naturaleza, conductas que lesionan la intimidad, como el descubrimiento y revelación de secretos personales, familiares y profesionales, el allanamiento de morada, los registros ilegales, la interceptación o grabaciones clandestinas de la palabra y la imagen por funcionarios públicos.


En cualquier caso, los procedimientos examinados se caracterizan por:

1.      Ámbito subjetivo, que se extiende a las personas jurídicas.
2.      El sujeto afectado puede optar libremente por la vía civil o penal.
3.      El derecho de rectificación es compatible con la interposición de la acción civil o penal.
4.      La cuantificación de las compensaciones económicas queda al arbitrio de los Juzgados de primera Instancia.
5.      La intromisión ilegitima en el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen habrá que deducirla del contexto, objeto y finalidad perseguida. Aludiendo en todo caso, a los usos sociales y a la propia conducta del sujeto presumiblemente afectado.
6.      Se exige responsabilidad solidaria de los autores, editores y directores de los medios de comunicación social (ART 65.2 de la ley de 18 de marzo de 1966.
7.      Estos derechos en su faceta constitucional, se extinguen con la muerte de su titular, lo que no impide de acuerdo con los artículos 4, 6 y 9 de la LO 1/1982 su protección más allá de la vida del sujeto afectado, mediante recurso por medio de sus familiares o por medio del Ministerio Fiscal.

Por lo demás, queda claro que las libertades de expresión y de información  no se hallan sometida a los demás derechos  de la vida privada. Sus restricciones han de estimarse de una manera cautelar y prudente, y no han de instrumentalizarse. (STC 104/1986) STC 35/1983) Si bien hay que diferenciar entre la estricta información de los hechos, y lo que es el enjuiciamiento de las conductas personales. (STC 165/1987)


La vida privada y la informática.

 El artículo 18.4 de la CE, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos  y el pleno ejercicio de sus derechos.

Todos los datos fichados en registros, aunque aisladamente no revistan una especial trascendencia, entrelazados y reunidos suponen un conocimiento prácticamente exhaustivo de las diferentes facetas de las personas. Esta constatación hace ineludible regular la situación para garantizar:

1.        El conocimiento por parte del interesado de las diferentes entidades que poseen información sobre su persona, así como su naturaleza y contenido.
2.        Proteger legalmente  la seguridad y confidencialidad de los datos, de manera que se asegura la responsabilidad y la sanción penal de aquellos que hacen un mal uso de la información.
3.        Prohíbir el entrecruzamiento de datos diversos, y especialemente la acumulación en una sola entidad de toda la información perteneciente a una misma persona. En este sentido destaca STSJ de Madrid de 5 de marzo de 1992,  confirmando la negativa del Ayuntamiento a informar a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid acerca del domicilio que constaba un ciudadano, al que se quería sancionar por una infracción de tráfico.


En la actualidad, se encuentra regulado en la CE, en el Convenio de Protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la LOPD.

La LOPD tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor, intimidad personal y familiar. Dentro de su tutela, disfrutan de una especial garantía los datos relativos a la ideología, religión o creencias de las personas, o a su orígen racial, salud o vida sexual.

El ámbito objeto de esta ley se extiende a los datos de carácter personal registrados en soportes físicos, que los haga susceptible de tratamiento, y de toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores públicos o privados. La referida Ley no solo regula la vertiente institucional, sino también la faceta individual de los datos informáticos. En cuanto a su faceta institucional busca:

a)      Asegurar la veracidad de los datos, y de no ser así, su modificación o cancelación, prohibiéndose en todo caso los medios de obtención fraudulentos, desleales o ilicitos
b)      Requiere como regla general, el consentimiento del afectado, y se garantiza el derecho de información de recogida de los datos.
c)      Se tutela la seguridad de los datos y se establece el deber de guardar el secreto profesional de los que tienen acceso a los mismos.
d)     La tutela de los datos no se encomienda a los órganos jurisdiccionales, esta función es asumida por la Agencia de Protección de Datos.

Por lo que antañe a la vertiente personal, se destacan 3 derechos:

a)         El derecho de impugnación de las valoraciones basadas exclusivamente en datos destinados a evaluar la personalidad.
b)        Los derechos de rectificación y cancelación cuando los datos sean inexactos.
c)         El establecimiento de un sistema de garantías: recurso directo ante la Agencia de Protección de datos, recurso cont- adm y derecho de indemnización.

El derecho a la intimidad personal y familiar. ART 18.

EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA. ARTÍCULO 18.

El artículo 18 CE tutela de forma expresa diversos derechos que inciden directamente en la esfera de la privacidad.

“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, y a la propia imagen”.

Es preciso defender la naturaleza autónoma de cada uno de estos derechos.


EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR.

La intimidad se define como “la zona espiritual intima y reservada de una persona o grupo, especialmente de una familia”.  Para el TC, el derecho a la intimidad preserva un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás para mantener una calidad mínima de la vida humana.

Comprende pues, tanto su aspecto corporal, (oponiéndose) frente a toda indagación, que sobre el cuerpo quisiera oponerse contra la voluntad de la persona, como su ámbito familiar, incluyendo a todos los miembros de una familia y protegiéndolos también. (ej: asunto filiaciones)

Sólo las personas físicas son titulares de este derecho. Y fallecido el titular de este derecho, se extingue su personalidad, por lo que desaparece el mismo objeto de protección individual.

En cuanto la colisión de este derecho con la libertad de expresión, la regla general, es la preeminencia de la intimidad de las personas., habida cuenta del escaso interés general que puede despertar la publicación de las facetas más intimas de las personas (STC 231/1988)

Es preciso destacar varias cuestiones:

1.      La incidencia del secreto fiscal frente a la Administración tributaria. No cabe ejercer este derecho frente a la administración tributaria. En este caso el derecho a la intimidad se halla limitado por un deber constitucional (31.1 CE) de colaboración.. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos.
2.      Respecto a la publicidad de los nombres en los casos de condenados por delitos de malos tratos,  ello atentaría el derecho a la intimidad de las personas, desvirtuando así su reinserción social.
3.      La protección de la intimidad es plenamente extensible al ámbito laboral. La celebración de un contrato laboral no conlleva la privación de este derecho. Tales son los casos de registros de taquillas, el uso de medios audiovisuales en centros de trabajo, la protección de sus datos personales, las medidas de control y vigilancia de sus trabajadores, la intimidad económica, y el secreto a las comunicaciones.




El derecho al honor. ART 18 CE.

EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA. ARTÍCULO 18.

El artículo 18 CE tutela de forma expresa diversos derechos que inciden directamente en la esfera de la privacidad.

“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, y a la propia imagen”.

Es preciso defender la naturaleza autónoma de cada uno de estos derechos.

EL DERECHO AL HONOR. Art 18.

El honor se refiere a la estima y aprecio que la persona recibe en el ámbito propio en que desarrolla su vida. En consecuencia, el honor se violenta cuando la conducta de los demás incide en el desmerecimiento de la condición propia.

Se define como: intromisión ilegitima como las conductas que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Este derecho ampara tanto a las personas físicas, como a las personas jurídicas.

Personas físicas.

Según el TC el honor se concibe como el derecho a la propia estimación, al buen nombre y reputación. Sin diferencias entre españoles y extranjeros.

El derecho al honor, mitiga su rigidez en los casos de determinadas profesiones públicas (actores, cantantes…) y aquellos que desempeñan cargos públicos

“La protección civil quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que , por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o para su familia.”

“Tampoco existe intromisión ilegitima cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso”


Las personas jurídicas.

El TC reconoce el derecho al honor  a todo miembro de grupo étnico social determinado residente en nuestro país, cuando la ofensa se dirija a todo su colectivo. Ni la libertad ideológica, ni la libertad de expresión comprenden el derecho a manifestaciones racistas, xenófobas, y racistas, que no sólo afectan al derecho al honor, sino a la dignidad humana.


Respecto a las personas jurídicas, el TC establece que la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su dignidad, cuando  la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena, aunque indudablemente su tutela sea menos rigurosa que la de las personas físicas.

Del mismo modo, se ha negado que los poderes públicos puedan en principio lesionar el derecho al honor de los particulares en el ejercicio ordinario de sus funciones, por ejemplo al resolver expedientes administrativos, adoptar medidas cautelares, o enumerar hechos probados en sentencias judiciales.

El derecho a la dignidad de la persona. ART 10 CE.

DERECHO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. ART 10 CE.

 La dignidad es inherente a la propia noción de la persona como tal. Todos los hombres por ser personas, tienen que ser iguales en dignidad. Dignidad que alcanza hasta el mismo momento de su muerte., por encima de cualquier circunstancia, lugar o tiempo.

Las diversas dificultades impiden definir este concepto de manera concreta. Hay que tener en cuenta la concepción ideológica desde que se considere. Así como el factor temporal, lo que en un momento se puede considerar normal, en otro puede atentar contra la dignidad. Por lo tanto, se da un concepto operativo o funcional, que puede definirse como el:

“El respeto debido a toda persona, por encima de las circunstancias propias, y que prohíbe cualquier tratamiento que pueda suponer un menoscabo en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Nuestra constitución, lo consagra en el artículo 10, lo que no permite considerarla como un auténtico derecho fundamental autónomo.

Podemos considerarlo como un presupuesto ontológico, cuyo valor jurídico despliega un triple efecto:

1. Función legitimadora del orden político. Respetando la dignidad de todas y cada una de las personas humanas radicadas en su órbita.

2. Función promocional: la dignidad es un concepto en constante enriquecimiento.

3. Función hermenéutica: La dignidad de la persona debe convertirse en la pauta interpretativa de todas las normas del ordenamiento jurídico.


Se encuentra excluido del ámbito de protección del artículo 53 de la CE. Eso sí, se trata de un presupuesto ontológico que obliga a los ciudadanos y a los poderes públicos. Por lo que existen dos vías de protección de la dignidad:

A.    Protección de la dignidad de la persona en abstracto. Cuando una norma con rango de ley contenga algún elemento contrario a la dignidad de la persona, caben tres opciones.

1.      Si la ley es anterior a la CE, debe considerarse derogada.
2.      Si es posterior, puede interponerse un recurso de inconstitucionalidad.
3.      Cualquier tribunal al aplicar una norma posterior a la CE que afecte a la dignidad de las personas, puede plantear una cuestión de constituicionalidad.

B.     Protección de la dignidad de la persona, relacionada con otro derecho. En todos los derechos fundamentales se halla comprendido en su núcleo la dignidad personal. La protección de la dignidad mediante recurso de amparo requiere la lesión de algunos de los derechos especialmente protegidos.

El derecho al secreto a las comunicaciones. ART 18.2 CE.

DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.  18.2

La inviolabilidad al domicilio, y el secreto de las comunicaciones se presentan como ejemplos de intimidad y del derecho a la vida privada, no siendo en consecuencia casual su regulación conjunta el artículo  18 de la CE. Sin embargo, existen ciertas diferencias que vamos a destacar:

- Protege tanto al destinatario como al remitente.
            - Es una proyección espiritual de la persona.
- No solo ampara el contenido de lo comunicado, sino la mera comunicación, con independencia de que pueda ser íntima o privada.

La titularidad se extiende a todas las personas nacionales, extranjeros y personas jurídicas. Aunque conviene matizar que sólo protege frente a terceros ajenos a la misma. Engloba cualquier forma de comunicación. De este modo, se ha llegado afirmar que el ordenador personal y el domicilio electrónico son inviolables, por lo que ninguna entrada puede hacerse sin el consentimiento del titular o con autorización judicial, salvo en el caso de flagrante delito.

Ámbito.

El derecho a las comunicaciones tutela la identidad subjetiva de los intervinientes o de los corresponsales.  Quedan fuera de su ámbito aquellas conversaciones que se produzcan de forma directa e inmediata entre personas, y que pueden llegar a ser escuchadas por un tercero, y los supuestos en que las conversaciones queden materializadas en un escrito o un documento, pues estaría más bien tutelado por el derecho a la propiedad.

Se castiga tanto la interceptación de las comunicaciones y la utilización para ello de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación, o reproducción del sonido o de la imagen, como su divulgación o revelación por cualquiera de los precitados medios, ya lo realicen los funcionarios públicos o simples terceros.

Intervención judicial y valor probatorio de las interceptaciones.

Las limitaciones al secreto de comunicaciones imponen dos requisitos; a) reserva de ley orgánica, b) justificación material por la debida protección  de otros bienes asimismo constitucionalmente protegidos.

Su incidencia como prueba queda limitado a la averiguación de delitos graves, y no para cualquier delito. Exige la existencia de una investigación penal concreta, debiendo constar en el auto judicial motivado que autoriza la intervención telefónica, tanto la identidad de las personas observadas, como el hecho especifico que se está indagando. Fijando las garantías, y asegurando las precauciones que tales medidas requieren. No surtirán efectos las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación de derechos o libertades fundamentales.

La intervención judicial queda limitada por; tiene que ser motivada y proporcionada a la naturaleza del delito y el fin perseguido con la interceptación, y limitada en el tiempo. El afectada debe disfrutar de la certeza necesaria del supuesto de hecho, por el que se autoriza la intervención judicial. Y finalmente, las pruebas debe ser así validadas en el juicio oral, con la debida realización del principio de contradicción.


Protección, limitaciones y suspensión.

Hay que distinguir 2 ámbitos de protección: civil y penal.  Por otra parte, existen ciertas situaciones jurídicas que afecten el alcance de este derecho.

-La población penitenciaria, eso sí, las interceptaciones no pueden afectar al ejercicio del derecho a la defensa.
-Las relaciones privadas entre padres e hijos menores de edad y sometidos a tutela.
-Los paquetes postales que se benefician de reducción de tarifas, donde caben ciertas inspecciones en razón de prevención de delitos de terrorismo y de drogas.
- En las relaciones mercantiles concursales, que permiten la interrupción de la correspondencia por un administrador de Correos, que lo pondrá a disposición judicial.
- Podrán suspenderse de modo general en los estados de excepción y de sitio

La inviolabilidad del domicilio. ART 18 CE.

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILO. ART 18 CE.

Derecho que ampara launa esfera particular y delimitada, dentro de la que se pueden desarrollar sin interferencias externas, en plena intimidad y reserva, las actividades privadas del ciudadano de acuerdo con el modo de vivir de cada persona estime más conveniente.

Su titularidad se atribuye en igualdad de condiciones  a todos los españoles y extranjeros y apátridas, debidos a su intima vinculación a la dignidad de la persona. Más complejo es en el caso de personas jurídicas.


En los supuestos de titularidad compartida, se establece; en los domicilios privados el derecho de exclusión se disfruta con igualdad de intensidad por ambos conyuges, y en caso de discrepancias, este debe primar sobre el de admisión.

En cuanto a los hijos, se hallan limitados por el derecho de sus padres en los casos de minoría de edad, pero cabe defender una cotitularidad compartidad cuando son mayores de edad.

Igual régimen se puede mantener en los supuestos de domicilios compartidos entre amigos, sin embargo, en el caso de comunidades públicas, el derecho de exclusión se atribuye al superior jerárquico.

El fundamento a este derecho se encuentra en el respeto de la vida privada y familiar, que se quiere preservar de intromisiones ajenas, tanto de los poderes públicos, como de otros particulares.

A)    La noción de domicilio constitucional.

Se carece de un concepto unificado. Se habla de domicilo civil, fiscal, administrativo, y de morada en el ámbito penal. Para determinar el domicilio amparado en el artículo 18. 2 de la CE, distinguimos 3 precisiones, va mucho más allá concepto domicilio administrativo, entendido como espacio donde la persona ejerce sus derechos y obligaciones, así como destacamos la irrelevancia del concepto domicilio fiscal, es más reconducible al concepto de morada penal.


 Se distinguen en el concepto de domicilio elementos esenciales y elementos accidentales. Los primeros, cabe destacar:


1, Existencia de un espacio aislado del mundo exterior, que expresa el deseo de exclusión del particular frente a terceros.

2. La necesidad de su destino al desarrollo de la vida privada.

3.  La irrelevancia del titulo juridico particular o de la naturaleza de la situación jurídica amparada.

4. La actualidad de su disfrute, excluyendo los domicilios abandonados, o aún no ocupados.


Son en cambio, elementos accidentales,


  1. La estabilidad del ámbito físico en que se asiente el domicilio. Por lo tanto, lo pueden ser tiendas de campañas, caravanas.
  2. La habitualidad del espacio físico en que se concreta el domicilio.
  3. La voluntariedad de la residencia. (casas cuartel)
  4. La denominada affectio familaris.


EXPEPCIONES.

Sin embargo, no es un derecho absoluto e ilimitado, sino que puede entrar en conflicto con otros derechos. Excepciones tasadas expresamente en el artículo 18.2 CE, por lo que el legislador no puede desvirtuar ese contenido protegido.


a)      Consentimiento.  Se admiten no solo las formas expresas, sino las tacitas (551 Lecrim).  El consentimiento ha de prestarse absolutamente libre, y no viciado por intimidación o presión psicológica alguna.

b)       Resolución judicial. La inviolabilidad del domicilio se puede vulnerar siempre que exista resolución judicial que lo autorice, sin que esta tenga que tener necesariamente causa en un procedimiento penal. La entrada autorizada se caracteriza:

1.      Carácter principal frente al consentimiento.
2.      Exime del delito de allanamiento de morada por violación de domicilio.
3.      Acto sometido a la exclusividad jurisdiccional., ejercido de un modo proporcionado y motivado.
4.      Se requiere el respeto en las diligencias de entradas, pues de no ser así, se produciria la invalidez  de las pruebas obtenidas en los registros y pesquisas.
5.      Es el juez quien decide si prevalece el derecho del artículo 18.2 u otros valores e intereses.

c)      Delito flagrante. Es la excepción clásica a la inviolabilidad del domicilio (779   Lecrim). Se produce según las jurisprudencia del supremo: “Cuando se sorprende al delincuente en el momento de cometer el delito o inmediatamente después en relación tal con el objeto o los efectos utilizados en su realización, que ello sea una prueba de la existencia del delito y de la intervención del delincuente en el mismo.

La aplicación de dicha interpretación es restrictiva,  exige que se tenga conocimiento fundado que lleve a la constancia de que se está cometiendo un delito. El TC exige que el concepto de flagrancia  exige la percepción sensorial del delito, y  no sólo un conocimiento, por muy fundado que sea o por mucha presunta evidencia que pueda producir.

d)     Estado de necesidad. Esta causa de justificación se encuentra recogida en el artículo 20. 5 C.P.


SUSPENSIÓN Y GARANTÍAS.

El derecho de inviolabilidad del domicilio puede ser suspendido provisionalmente en los casos; en los que se hayan declarado los estados de excepción o de sitio. O en los supuestos de bandas armadas o terroristas. La intervención habrá de ponerse en cualquier caso en conocimiento de las autoridades policiales.