jueves, 9 de junio de 2011

La ejecución hipotecaria: Naturaleza y constitucionalidad de la acción.

NATURALEZA Y CONSTITUCIONALIDAD DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA
En la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante L.E.C.) la ejecución hipotecaria se concibe como una especialidad del procedimiento de ejecución dineraria de tal forma que, como indica el apartado 1 del Art. 681 de la L.E.C., el ejercicio de la acción en estos casos subsidiariamente está sujeto a las normas generales sobre ejecución dineraria del Título IV. Antaño cada garantía, salvo la hipoteca naval, tenía sus normas procesales específicas con clara vocación de acoger un procedimiento de ejecución propio y completo diferenciado del ordinario de la L.E.C. de 1881. Hoy existe un procedimiento común con ciertas especialidades. Podríamos decir que la ejecución hipotecaria es un proceso especial de apremio o ejecución dineraria sujeto a las especialidades previstas en el capítulo V del Título IV del Libro III de la L.E.C., entre las que principalmente destacan la existencia de un fuero territorial imperativo, un domicilio pactado, un tipo prefijado para la subasta del bien hipotecado y sobre todo un severa limitación de los medios de oposición del ejecutado.



El origen del procedimiento de ejecución hipotecaria que conocemos se encuentra en la Ley Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909, siendo perfeccionado posteriormente por un Reglamento de 1915 (mediante la reforma de los Arts. 202 y 203) y por la Ley de 27 de agosto de 1932. Posteriormente fue la reforma de 1944-46 la que, junto con la reforma de 1986, vino a dar a este procedimiento la configuración que en la actualidad posee y que proviene del anterior Art. 131 de la Ley Hipotecaria (en adelante L.H.). La Exposición de Motivos del proyecto de reforma de la Ley Hipotecaria de 1909 afirmaba que la finalidad de la implantación de este procedimiento en nuestro sistema era la de favorecer la realización del crédito real inmobiliario, proporcionando a los acreedores un medio fácil de efectividad de los créditos hipotecarios. Antes de la L.H. de 1909 los acreedores que gozaran de una hipoteca sólo podían acudir al juicio ejecutivo de la L.E.C. de 1881, además de poder acudir al declarativo ordinario que correspondiera por razón de la cuantía. Este proceso ejecutivo ordinario se hizo inadecuado por cuanto “no sólo era complicado, sino que permitía fácilmente al deudor de mala fe entorpecerlo con incidentes y suspensiones, alargándolo más aún, aumentando su coste y aburriendo a los acreedores” (Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Barcelona, 1979). Estas dificultades no hacían sino que se produjera un retraimiento de los prestamistas y con ello un aumento de los tipos de interés, lo que afectaba a alguien más a que un sector pequeño de acreedores, y que provocó la creación de un procedimiento breve, rápido, sencillo y mucho más económico, con mayor seguridad de cobro para los mismos acreedores.



Como se dijo, una de las peculiaridades de la ejecución hipotecaria consiste en la restricción de los medios de oposición del ejecutado o de otros, prácticamente limitados a verificar el pago o a alegar alguna de las limitadas causas de oposición que admite el Art. 695 de la L.E.C. Ello doctrinalmente planteó dudas sobre si el procedimiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el Art. 24 de la Constitución. Desde la creación del TC se plantearon numerosos recursos de amparo al respecto (sentencias del Tribunal Constitucional 41/1981, 64/1985, 41/1986, 148/1988, 8/1991, 217/1993, 286/1993, 158/1997, 174/1997, 223/1997, 227/1997, 42/1998 y 6/1999) si bien el TC consideró que la especialidad del procedimiento está justificada por la remisión al juicio declarativo prevista en el Art. 698 de la L.E.C. (anteriormente por el Art. 132 L.H.) para plantear oposición y la extraordinaria fuerza ejecutiva del título. En este sentido la STC de 18 de diciembre de 1981 argumentó que la estructura del procedimiento “resulta lógica, a partir de la naturaleza del título”.



Por lo que se refiere a la naturaleza de la acción, hay que tener presente que, salvo que se pacte la limitación de responsabilidad a los bienes hipotecados (Art. 140 L.H.), la hipoteca genera dos tipos de acciones frente al deudor. Una de naturaleza personal, pues la hipoteca no altera la responsabilidad universal del deudor prevista en el Art. 1.911 del Código Civil (en adelante C.C.) (Art. 105 L.H.), y otra de naturaleza real que tiene sus límites en la garantía pactada o impuesta legalmente (Art. 114 de la L.H.)

Partiendo de esta dualidad acciones se discutió ya bajo la L.E.C. de 1881 si era admisible el ejercicio simultáneo de ambas (tesis defendida por Roca Sastre) o si, por el contrario, el acreedor estaba obligado en primer lugar a proceder o a hacer excusión previa de la finca hipotecada y sólo cuando el producto obtenido por la venta de la finca fuese insuficiente podía proceder contra otros bienes del deudor (tesis de Lalaguna). En realidad tal debate era más teórico que real porque era y es el Juez y no el acreedor el que determina el orden de proceder contra los bienes del deudor respetando lo dispuesto en el Art. 1.447 de la L.E.C. de 1.881, que exigía proceder en primer lugar contra los bienes hipotecados o dados en prenda y sólo permitía ir contra otros bienes del deudor si no había bienes hipotecados o si éstos era “notoriamente insuficientes”.

Hoy el Art. 592 de la L.E.C., que sustituye al citado Art. 1.447, no menciona los bienes hipotecados dentro del “orden en los embargos”, aunque a la luz de lo dispuesto en el Art. 579 de la L.E.C. hay que entender que la acción personal es subsidiaria, como también que el ejecutante no puede sustraerse a la aplicación de las normas que rigen la ejecución hipotecaria en el capítulo V del Título IV del libro III de la L.E.C. cuando su reclamación deriva única y exclusivamente de la obligación que garantiza la hipoteca. No obstante, el apartado 1 del Art. 681 de la L.E.C. alude a que la acción para reclamar las deudas garantizadas con hipoteca “podrá ejercitarse” contra los bienes hipotecados, dando a entender que el acreedor facultativamente puede ir antes contra otros bienes. Eso sí, lo que está claro a partir de dicho apartado es que dirigiéndose la acción contra la finca hipotecado hay que estar a las especialidades para la ejecución hipotecaria.



Otro problema procedimental es el que se refiere al ejercicio simultáneo de dos hipotecas con distinto rango constituidas sobre una misma finca y entre las mismas partes. El apartado 4 del Art. 555 de la L.E.C. admite la acumulación de ejecuciones hipotecarias que tengan por objeto “hacer efectiva otras garantías hipotecarias sobre los mismos bienes”.

No obstante, debe considerarse incompatible la realización simultánea de ambas hipotecas puesto que la ejecución de la hipoteca preferente, que es la que determina el valor real de la finca, excluye a las demás y supone que en la ejecución derivada de la hipoteca posterior no exista objeto posible de venta o subasta. Tal incompatibilidad resulta del conjunto de principios hipotecarios y de preceptos que reguladores de la ejecución y de la venta. Así, cabe referirse a que toda adjudicación o venta judicial conlleva la extinción de derechos posteriores a la hipoteca, lo que se materializa en la cancelación de las inscripciones y anotaciones posteriores que sirven de soporte a esos derechos (Art. 674.2 L.E.C. y 134 de la L.H.).

Si dos hipotecas con distinto rango constituidas sobre una misma finca y favor del mismo acreedor se ejecutan por éste simultáneamente (lo que inevitablemente ocurre si se presentan dos demandas ejecutivas a la vez o bien primero la preferente), se produce el fenómeno de que en una de las dos subastas no existirá objeto de venta, objeto que no es otro que la propiedad de la finca o derecho hipotecado, creándose la expectativa de obtención de un derecho realmente inexistente o de fugaz existencia y haciéndose cargar innecesariamente al deudor con el pago de las costas de un procedimiento ficticio que no reporta ninguna utilidad al ejecutante (ya se ha dicho que la hipoteca preferente es la que determina el valor real de la finca).

Incluso la ejecución sucesiva de hipotecas comenzando por la hipoteca posterior no está exenta de inconvenientes ya que en este caso lo normal es que resulte adjudicatario el propio ejecutante y éste, por confusión de derechos, estará entonces privado de ejecutar la hipoteca preferente como entiende la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1999. Así las cosas, únicamente es admisible la ejecución sucesiva de hipotecas sobre una misma finca, comenzando por la hipoteca anterior o posterior. La acumulación de ejecuciones a la que admite el apartado 4 del Art. 555 de la L.E.C. únicamente puede contemplarse como una realización efectiva de la hipoteca preferente con aplicación a la hipoteca o hipotecas posteriores del sobrante que pueda existir tras la subasta.