viernes, 11 de febrero de 2011

La nulidad de las actuaciones judiciales.

Regulacion en la LOPJ.

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
  1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.
  2. Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
  3. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.
  4. Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva.
  5. Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial.
  6. En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan.

1. Los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

2. También se declararán nulos los actos de las partes o de personas que intervengan en el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia.

La nulidad de estos actos entrañará la de todos los demás relacionados con él o que pudieren haberse visto condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.


1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales.

2. Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.


1. Redacción según Ley  Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

Será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

El juzgado o tribunal inadmitirá a trámite, mediante providencia sucintamente motivada, cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no cabrá recurso alguno.

2. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere el apartado anterior de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, y se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que se estimen pertinentes.

Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, se condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el juzgado o tribunal entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, una multa de 90 a 600 euros.

Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno.


Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.


1. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquél ni la de aquéllos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad.

2. La nulidad parcial de un acto no implicará la de las partes del mismo independientes de la declarada nula.

3. El juzgado o tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley.

4. Los actos de las partes que carezcan de los requisitos exigidos por la ley serán subsanables en los casos, condiciones y plazos previstos en las leyes procesales.




¿Es necesario solicitar la nulidad de actuaciones para interponer el recurso de amparo?


El Tribunal Constitucional ha entendido, como requisito previo de admisión del Recurso de Amparo, la necesidad de que, verificada la interposición de los recursos ordinarios previstos por la Ley, se haya instado la nulidad de actuaciones de la resolución cuyo amparo se interesa, al efecto de entender agotadas las vías judiciales ordinarias y cumplir así el requisito exigido por el artículo 44-1-a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.


En consecuencia, la interposición del incidente de nulidad de actuaciones ha quedado configurado como un presupuesto previo de procedibilidad para la admisión a trámite del Recurso de Amparo frente a violaciones de derechos y libertades que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial; de manera que la no interposición del mismo supondría la inadmisión de plano del Recurso de Amparo, como están poniendo de manifiesto las resoluciones sobre admisibilidad del Tribunal Constitucional.


Los Tribunales ordinarios, a través del incidente de la nulidad de los actos procesales, sean los encargados de la revisión de las eventuales violaciones de derechos fundamentales que puedan producirse en la tramitación del procedimiento, de forma que la intervención del Tribunal Constitucional sea subsidiaria. Con ello pretende conseguirse mayor agilidad en la resolución de las violaciones constitucionales, que deben remediarse en el seno del propio procedimiento, a la par que se descarga de asuntos al Tribunal Constitucional, permitiendo con ello el cumplimiento de su función de forma más eficaz.


¿Y si la la vulneración constitucional se ha producido por la propia Sentencia de Casación? De forma que no ha habido oportunidad de denunciar el defecto con anterioridad, nos preguntamos sobre la conveniencia de la exigencia de la previa solicitud de la nulidad de actuaciones de dicha Sentencia de Casación, contra la que la que no cabe ningún recurso ordinario y, por consiguiente, podría entenderse agotada la Jurisdicción Ordinaria sin necesidad de interponer la nulidad de actuaciones.


En la práctica, el Tribunal Supremo viene inadmitiendo a trámite los incidentes de nulidad de actuaciones interpuestos en estos supuestos, por considerarlo una suerte de reposición contra la Sentencia de Casación, al entender que, en última instancia, se está cuestionando por esta vía el tema principal de debate del proceso.


El resultado es que, en estos casos, lejos de que la nulidad de actuaciones haya tenido ningún efecto sanador en la vía ordinaria que evite la intervención del Tribunal Constitucional, al contrario, finalmente, ha de acudirse al Amparo; siendo el único efecto obtenido un evitable aumento de la carga de trabajo del Tribunal Supremo -sin que con ello se reduzca la carga de trabajo del Tribunal Constitucional, ante el que finalmente se ha de presentar el Recurso de Amparo-, así como una estéril dilación en la resolución del asunto.